Como experta en derecho mercantil, me gustaría compartir con ustedes una perspectiva sobre las expectativas de insolvencia para el año 2024. 

La Ley Concursal, que ahora entra en su segundo año, tiene como prioridad impulsar los planes de reestructuración para empresas viables. Es crucial abordar el creciente número de 'concursos sin masa', un fenómeno que ha estado en aumento. Además, se espera que Europa se pronuncie sobre la exoneración del crédito público.

Los planes de reestructuración permiten modificar las condiciones o estructura del activo, del pasivo y/o de los fondos propios de una sociedad, de tal manera que las empresas deudoras puedan evitar la insolvencia o salir de ella. Concretamente, bajo los mismos pueden adoptarse quitas, esperas, capitalizaciones de deuda, daciones en pago, modificaciones o extinciones de garantías y resolver diversos tipos de contratos. También pueden conllevar la venta de una unidad productiva en funcionamiento.

Los créditos públicos no pueden condonarse ni aplazarse más allá de 18 meses, con excepciones para microempresas. Uno de los requisitos es que el deudor acredite encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, mediante la presentación de certificados acreditativos emitidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social.

Según los datos recientes, existe un alto riesgo de un número elevado de insolvencias este año y el próximo. Se espera un crecimiento de los procesos concursales del 20% al cierre de 2023, del 54% en 2024 y del 37% para 2025. 

Es importante destacar que los concursos de personas físicas representan ahora el 42% del total de concursos de acreedores, un cambio significativo en España, donde históricamente los concursos de personas físicas eran menos comunes en comparación con otros países. Este incremento puede ser atribuido a la vulnerabilidad de las personas físicas frente a la crisis económica derivada de la pandemia, las presiones inflacionarias y los aumentos en los tipos de interés.

Las microempresas, entendidas como las compañías con un activo inferior a 700.000 € un pasivo menor a 350.000 € y un máximo de 10 trabajadores, podrán acogerse a un mecanismo denominado plan de continuación a partir del 1 de enero de 2023, que ofrece determinadas particularidades respecto a los planes de reestructuración.

En resumen, el panorama de insolvencia para 2024 es complejo y requiere una atención cuidadosa tanto de las empresas como de los individuos. Como abogada mercantil, recomendaría a todos que busquen asesoramiento legal adecuado para navegar por estos desafíos.

Consúltenos como le podemos ayudar, siempre se esta a tiempo para el cambio.